El incumplimiento de las medidas sanitarias y sus consecuencias penales

COLUMNAS 20 de agosto de 2020 Por Agustín Nieri
La pandemia mundial ha generado efectos en todos los aspectos de la vida social, y el derecho no es ajeno a ello.
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A esta altura del año y pese a los esfuerzos de  las autoridades tanto a nivel, nacional, provincial y municipal por hacer cumplir de manera responsable las medidas adoptadas a los fines de sobrellevar dicha enfermedad de la manera menos traumática, sumado al comprendido esfuerzo de la población, la ciudadanía parece no entender la magnitud del problema y esto trae aparejado otro problema de fondo que  como estudiante de derecho me genera precupación.El desconocimiento y el desprecio por las normas conducen una vez más a el fracaso del derecho penal.

En un principio, al comienzo de la pandemia,  era superior el número de detenidos por el incumpliendo del aislamiento social, preventivo y obligatorio que los casos diarios de Covid-19.

Si bien existen numerosas disposiciones y recientemente la nueva ley provincial  10702 establece un régimen sancionatorio puesto en marcha hace unos días, sumado al sinnúmero de disposiciones locales para multar a los infractores, no es lo más grave. Ya que estas ordenanzas y regímenes locales están basadas en delitos de escasa entidad y de penas ínfimas que no presentan una gravedad punitiva.

Lo preocupante surge en el ámbito del derecho penal y específicamente de los artículos  202 y 205, en lo concerniente a los delitos contra le seguridad pública y específicamente la salud pública. Estos dos artículos, parecen haber sido una predicción del legislador a la hora de su sanción para un momento de crisis  sanitaria sin precedentes como esta.

Así las cosas, el artículo 202 establece “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”. Más adelante el articulo 205 prescribe: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

 En consecuencia, la violación de estos artículos, acarrea serios problemas empezando como primera cuestión que nos enfrentamos a un proceso penal  producto de una denuncia o una actuación de oficio por parte de las autoridades que emprenderá con una imputación personal y concluirá en la mayoría de los casos con una sentencia.        

Cuando esta situación  sanitaria sea superada y los tribunales retomen su actividad de manera absoluta,  se activarán lo legajos y se tramitara una causa penal que quedara registrada en una planilla prontuarial lo que genera una infinidad de problemas.

En ese orden, al pretender renovar la licencia de conducir si se solicita el certificado de buena conducta, no se podrá acceder por esta causa penal. Asimismo, si se pretende conseguir algún trabajo, si  el empleador le solicita la constancia de ausencia de antecedentes penales,  esta causa estará en la planilla prontuarial.

En la mayoría de los casos, se secuestra el vehículo, que por el momento no será entregado, asimismo, se tiene que tener especial atención, ya que eventualmente se podría llegar al extremo del decomiso del vehículo si mediare sentencia  ya que expresamente el Código Penal reza en su art. 23° primer párrafo: “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado”.

Es decir, que si se comete  la infracción por ejemplo del artículo 205 y se consuma con el vehículo, de recaer condena,  se podría llegar al extremo de decomisarse el medio empleado para la comisión del hecho.

Otro factor, es que, para los legítimos usuarios de armas de fuego, trámite que es muy común en nuestra zona con propósitos de cacería o tiro deportivo. Trae aparejada la pérdida de dicha condición de manera casi automática, ya que uno de los requisitos es no tener antecedentes y/o causas penales.

Ni hablar si  quien comete el delito, es un funcionario o empleado público, causará el correspondiente sumario administrativo con la posibilidad de quedar exonerado de sus funciones.

Es por todos estos motivos que debemos pensar dos veces a la hora de infringir las normas en primer término y de manera esencial, por una cuestión de autoprotección, y en segundo término por las consecuencias jurídicas ya mencionadas  que esta infracción involucra.  No obstante, es recomendable a nivel municipal, que  en las sanciones previstas en los códigos de faltas y de convivencia locales que aplican penas generalmente patrimoniales por más mínimas que sean, se respeten los derechos fundamentales de cualquier ciudadano y especialmente el derecho de defensa y la posibilidad de contar con la asistencia de un profesional.

¿Cuarentena legitima?

Nuestra constitución como  norma suprema que tiene nuestro país, establece derechos y garantías fundamentales  que no pueden ser menoscabados ni sufrir detrimento alguno. Estos tienen una naturaleza vital para el correcto y a adecuado funcionamiento de una democracia. Por ejemplo, el derecho a ejercer el comercio o circular libremente.

No hay lugar a dudas que todas estas disposiciones sanitarias van en contra de estos derechos, pero, en una situación puramente excepcional, inédita e insólita como la actual, el estado, en el ejercicio de sus potestades, puede limitar o restringir estos derechos de manera limitada en lo temporal, en miras del bien común y en protección de la salud de todos los ciudadanos-derechos que también gozan de jerarquía constitucional-. De esta manera se puede decir que hay una clara disyuntiva de derechos que se encuentran enfrentados, no obstante, prevalece y prevalecerá siempre el bien común.

El problema aparece cuando la cuestión mencionada de excepcionalidad no parece cesar y se prolonga en el tiempo de manera incierta e indeterminada. Es allí donde estos derechos sufrirán verdaderamente a mi parecer un perjuicio grave, donde se deberá dar a lugar a todos los mecanismos para proteger, resguardar  y oportunamente restablecerlos.

Es por ello que, a medida que pasa el tiempo, estos derechos deben ser reestablecidos dotados siempre de racionalidad y responsabilidad ciudadana. Sin mencionar que los municipios son autónomos y autárquicos, es decir que pueden dictar sus propias normas, ordenanzas y administrar sus bienes, esto es fundamental para recalcar que desde mi punto de vista, los municipios pueden reglamentar las actividades y disponer restricciones siempre en consonancia con nuestra provincia.

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